Dificultades para saldar la deuda con China por las represas en Santa Cruz
Este artículo fue originalmente publicado en El Economista, disponible en el siguiente enlace.
Por Lorenzo Agüero*
La dimensión crediticia de la relación entre Argentina y China se encuentra en un presente delicado. La historia arranca en 2013, cuando en el Gobierno de Cristina Fernández se acordó la instalación de dos centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz (en la provincia homónima), llamadas Presidente Néstor Carlos Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, que en conjunto tendrían una capacidad de 1.740 MW.
La construcción de las represas se adjudicó a China Gezhouba Group Corporation (CGGC), que formó una asociación con las argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo. En cuanto al financiamiento, el Gobierno argentino suscribió en 2014 una línea de crédito por US$ 4.714 millones con una tasa de interés Libor + 3,8%, cuyos acreedores son China Development Bank (CDB) (US$D 2.498 millones), Industrial and Commercial Bank of China o ICBC (US$ 1.414 millones) y Bank of China (US$ 801 millones).
Desde entonces, la instalación de las centrales estuvo acompañada de marchas y contramarchas, empezando por sus propios nombres: pasaron a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa durante la administración de Mauricio Macri, que eran las denominaciones originalmente previstas cuando se diseñó el proyecto, para luego retornar a los nombres de 2013 bajo el actual Gobierno. Pero más importante, la construcción de las represas estuvo sometida a varias interrupciones, sobre todo como resultado de las condiciones geológicas sobre las que se asentó la central Néstor Kirchner.
Consecuentemente, no se cumplió el propósito de culminar las obras en un plazo de 5 años y medio, momento en que termina el periodo de gracia y el Gobierno argentino debe empezar a recomponer la deuda contraída con CDB, ICBC y Bank of China. Al respecto, el artículo 2.3 del acuerdo firmado entre las partes reconoce expresamente que las obligaciones vinculadas a la financiación del proyecto son independientes y separadas a la construcción de las represas.
De acuerdo a EconoJournal, se demanda que el Gobierno empiece a cancelar unos US$ 1.500 millones en deuda. Dado que, por el momento, Argentina no ha cumplido con ese compromiso, el 2 de julio se suspendió el financiamiento chino a la construcción del complejo hidroeléctrico. Para compensar esa falta de fondos, el 4 de agosto se publicó el decreto 489/2021, que destina $17.290 millones (US$ 178 millones) al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), con el objeto de no paralizar la puesta en marcha del proyecto.
La intención gubernamental de acordar nuevos plazos se basa primeramente en el delicado contexto financiero que atraviesa el país, pero también influyen las negociaciones conducidas por el Ministerio de Economía para reestructurar la deuda pública nacional. En ese sentido, una de las principales demandas del Club de París para culminar la reestructuración de la deuda adquirida por el Estado Argentino, cuyos vencimientos fueron prorrogados a fines de junio, es la “comparabilidad de trato”. En otros términos, se reclama que Argentina no discrimine en favor de otros acreedores externos al Club de París, implícitamente China.
No obstante, para complejizar aún más la cuestión, en el art. 20.5 del acuerdo para el financiamiento de las represas se establece que las obligaciones financieras que se derivan del mismo no pueden ser sometidas al Club de París para su reestructuración, ni tampoco vincularse a un plan de reducción de deuda acordado eventualmente con el Banco Mundial, el FMI o siquiera el propio Gobierno chino.
Así las cosas, ¿qué sucede si esta situación se mantiene y Argentina no cumple su acuerdo con CDB, ICBC y Bank of China? En primer lugar, persistiría la suspensión del financiamiento privado para continuar construyendo el complejo hidroeléctrico. Por otro lado, se acumularían intereses por incumplimiento, que es de 1,5% adicional a la tasa de interés que se hubiese pagado en tiempo y forma. Pese a todo, la consecuencia más drástica sería la suspensión en el financiamiento de otros proyectos de infraestructura que se firmaron en posterioridad al de las represas y que también involucran al Gobierno Nacional y capitales chinos. Esto se debe a cláusulas de cross default presentes en este tipo de contratos, por las cuales el default en un proyecto se hace extensivo al resto. A modo de ejemplo, el acuerdo de 2019 entre el Ministerio de Transporte y CDB para financiar la compra de 200 coches ferroviarios para la línea General Roca, que representó una línea de crédito por US$ 236 millones, tiene una cláusula cross default que lo vincula al financiamiento de las represas Kirchner y Cepernic (art. 20.7).
(*) Licenciado en Ciencias Políticas. Investigador a cargo de los informes del Observatorio Sino-Argentino.