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Claves para entender el sistema de crédito social de China

Por Patricio Giusto, Director del Observatorio Sino Argentino.

Opinión publicada en el sitio Urgente 24 el viernes 22 de marzo de 2019.

De acuerdo al Centro Nacional Chino de Información Pública sobre el Crédito, el gobierno impidió 17,5 millones de veces la compra de billetes de avión y 5.5 millones de veces la compra de billetes de tren de alta velocidad porque esas personas fueron “desacreditados” por crímenes relacionados con el comportamiento: la calificación de crédito social tiene una gran importancia en la vida de los residentes en China. Aparte de impedir el mal comportamiento y castigar a los criminales, se supone que las calificaciones de crédito social también están hechas para impedir el comportamiento inapropiado en el transporte público.

La República Popular China (RPC) se ha propuesto establecer para 2020 un ranking de todos sus ciudadanos, basado en una serie de indicadores de conducta denominado “crédito social”. Este novedoso experimento suele ser percibido en Occidente como una pesadilla orwelliana, o bien como un tenebroso capítulo de la famosa serie Black Mirror. Para acercarnos a la realidad de manera objetiva, conviene poner en contexto esta política y aportar datos concretos para el análisis.

La RPC es el país más poblado del mundo y ha tenido diversas experiencias previas en las que el Partido Comunista, en el poder desde 1949, ha implementado políticas de supervisión o control social, no necesariamente vinculadas al aparato represivo del Estado.

En este caso, la RPC está aplicando en esa misma línea su tecnología de punta en materia de inteligencia artificial, redes de telecomunicación y manejo de big data. De acuerdo al documento oficial emitido en 2014 para lanzar el sistema de crédito social, el plan apunta a “reforzar el mantenimiento de la confianza social”. Los detractores, por supuesto, apuntan a que lo que se refuerza es, ante todo, el control.

El sistema está aún en etapa inicial, habiendo sido implementado parcialmente en algunas provincias de China. Los parámetros de conducta que permiten ascender o descender en el ranking van mucho más allá de cuestiones financieras, como sucede en nuestro sistema bancario.

Tal es así que el ciudadano se puede ver impedido de adquirir un ticket de tren por infracciones como conducir mal, fumar en zonas prohibidas, comprar demasiados videojuegos o publicar noticias falsas.

Las cifras de puniciones aplicadas hasta el momento son sorprendentes. En 2018 el gobierno chino prohibió a personas “desacreditadas” de realizar más de 17 millones de vuelos y casi 6 millones de viajes en trenes de alta velocidad. Para los jóvenes y adolescentes chinos, los castigos por mal comportamiento pueden ser especialmente dolorosos, afectando sus posibilidades de acceder a los mejores trabajos.

Asimismo, los padres con bajo crédito social afrontan problemas tales como poder enviar a sus hijos a las mejores escuelas. Para 2020, se espera que la cantidad de castigados incluso aumente.

Luego, ello tendería progresivamente a la baja por el efecto disuasorio de los castigos en el comportamiento de los ciudadanos. Pero de la misma forma que castiga, el sistema premia.

Por ejemplo, los ciudadanos con buen crédito social pueden acelerar engorrosos trámites ante el Estado y obtener importantes descuentos comerciales en shoppings, hoteles y viajes al exterior.

Sin dudas, una de las consecuencias que trae aparejado este sistema es la exposición al escarnio social, por el hecho de hacerse público el bajo crédito de una persona.

De hecho, el Estado promueve la difusión bajo el lema “deshonesto en un área, restringido en todas las áreas”. 

En los círculos sociales, la gente suele conocer el ranking de sus familiares y amigos, lo cual se pasa de boca en boca. Y, obviamente, las empresas son las principales interesadas en obtener las “listas negras”,sobre todo a la hora de contratar. Lo que desde una mirada occidental puede sonar descabellado, no lo es desde la perspectiva china, una civilización milenaria y meritocrática.

Para finalizar, la RPC avanza en la implementación de un controvertido sistema de crédito social que no registra antecedentes en la historia de la humanidad, tanto por su naturaleza, alcances y tecnología implementada para llevarlo a cabo.

La polémica está centrada en el mayor acceso del Estado a la información de las personas y el reforzado poder de control mediante la aplicación de premios y castigos. Sobre todo, pensando en su posible uso sobre minorías disidentes y otros grupos conflictivos.

No obstante, desprovisto de una intencionalidad política, es probable que este sistema tenga más ventajas que desventajas en términos de su contribución al orden social y mejor comportamiento de las personas.

De igual modo, quizás un sistema de estas características sólo pueda ser aplicado y funcionar bien en un país con la dimensión, recursos y sistema político como sólo tiene China. Resulta difícil imaginar que un sistema de estas características se implemente alguna vez por estas latitudes.

Por las dudas, convendría seguir con atención los resultados del experimento chino.